Durante la jornada, que se realizó el 18 y 19 de junio, Fernando Abara, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, expuso sobre los desafíos ambientales que hoy enfrentan los proyectos de transmisión eléctrica.
Los desafíos que deben enfrentar los proyectos de transmisión eléctrica en el marco de la nueva institucionalidad ambiental que hoy se está estudiando en nuestro país, fue el tema de la ponencia que Fernando Abara, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, realizó en la XI Jornada de Derecho de Energía, actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y que este año llevó por título “¿Qué regulación para la matriz energética del futuro?”.
Como todos los años, el evento contó con la participación de destacados académicos y representantes del mundo eléctrico, además de autoridades como el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, y el secretario ejecutivo de la CNE, Juan Manuel Contreras.
En su exposición, Abara se centró en los tres puntos que a su juicio son clave en esta nueva institucionalidad, como son la modificación al Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA); la Ley de Bosque Nativo y la institucionalidad indígena, puntualmente el Convenio 169 de la OIT.
En lo que respecta a las modificaciones al SEIA y la participación ciudadana, el ejecutivo planteó que el Reglamento debe limitar las observaciones a lo estrictamente ambiental, de manera que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deseche las que busquen eliminar competencia u otros propósitos, lo que podría generar mayor vulnerabilidad a los proyectos de transmisión.
En lo que tiene relación con la Ley de Bosque Nativo, Abara señala que la secuencia de permisos agrega 30 meses de tramitación a la situación actual, por lo que propone, por una parte, aprobar el reglamento en actual consulta que contempla el permiso de corta excepcional como un PAS dentro del SEIA. Y segundo término, plantea declarar los proyectos de transmisión que obtienen concesión de interés nacional.
Por último, sobre la institucionalidad indígena, el Vicepresidente de Asuntos Jurídicos plantea precisar vía reglamento lo que se entiende por afectación de pueblos indígenas y el concepto de áreas de desarrollo indígena. Además, clarificar que las servidumbres eléctricas sobre tierras indígenas, no escapan a la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).
Durante la jornada, que se realizó el 18 y 19 de junio, Fernando Abara, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, expuso sobre los desafíos ambientales que hoy enfrentan los proyectos de transmisión eléctrica.
Los desafíos que deben enfrentar los proyectos de transmisión eléctrica en el marco de la nueva institucionalidad ambiental que hoy se está estudiando en nuestro país, fue el tema de la ponencia que Fernando Abara, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, realizó en la XI Jornada de Derecho de Energía, actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y que este año llevó por título “¿Qué regulación para la matriz energética del futuro?”.
Como todos los años, el evento contó con la participación de destacados académicos y representantes del mundo eléctrico, además de autoridades como el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, y el secretario ejecutivo de la CNE, Juan Manuel Contreras.
En su exposición, Abara se centró en los tres puntos que a su juicio son clave en esta nueva institucionalidad, como son la modificación al Servicio de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA); la Ley de Bosque Nativo y la institucionalidad indígena, puntualmente el Convenio 169 de la OIT.
En lo que respecta a las modificaciones al SEIA y la participación ciudadana, el ejecutivo planteó que el Reglamento debe limitar las observaciones a lo estrictamente ambiental, de manera que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deseche las que busquen eliminar competencia u otros propósitos, lo que podría generar mayor vulnerabilidad a los proyectos de transmisión.
En lo que tiene relación con la Ley de Bosque Nativo, Abara señala que la secuencia de permisos agrega 30 meses de tramitación a la situación actual, por lo que propone, por una parte, aprobar el reglamento en actual consulta que contempla el permiso de corta excepcional como un PAS dentro del SEIA. Y segundo término, plantea declarar los proyectos de transmisión que obtienen concesión de interés nacional.
Por último, sobre la institucionalidad indígena, el Vicepresidente de Asuntos Jurídicos plantea precisar vía reglamento lo que se entiende por afectación de pueblos indígenas y el concepto de áreas de desarrollo indígena. Además, clarificar que las servidumbres eléctricas sobre tierras indígenas, no escapan a la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).