En medio del avance en el Congreso de dos iniciativas del Gobierno que buscan
disminuir la denominada “permisología” que enfrentan los proyectos de inversión en el
país, los participantes en el encuentro coincidieron en la necesidad de priorizar
proyectos de infraestructura estratégicos para el país, como las líneas de transmisión
eléctrica.
En el marco del conversatorio “Obras de interés nacional: Por una nueva institucionalidad
ambiental 2.0 para acelerar el desarrollo de Chile”, expertos de distintas organizaciones –
públicas y privadas- analizaron el avance de la reforma a la Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente -denominada “Evaluación Ambiental 2.0”- que busca fortalecer la
institucionalidad ambiental y que, en conjunto con el proyecto de permisos sectoriales,
pretenden agilizar la entrega de autorizaciones necesarias para iniciar un proyecto de
inversión.
El encuentro contó con la participación de Ricardo Díaz, jefe del Departamento de
Evaluación Ambiental de CONAF; Robert Currie, ex jefe del Departamento de Legislación y
Regulación del Ministerio del Medio Ambiente y director de Estrategia Ambiental en
Azerta; Marcela Klein, consultora y ex jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables del Ministerio de Economía y Paulina Riquelme, abogada especialista en
temas ambientales.
Al inicio de la actividad, el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, destacó que las
obras que ejecuta la compañía -de transmisión eléctrica, de desalinización y transporte de
agua y de almacenamiento- son en su gran mayoría de interés nacional. “Son proyectos
que aportan al crecimiento del país y cumplen una agenda que va más allá del interés de
una empresa, es una agenda nacional, de descarbonización, de una minería más verde”,
recalcó.
Le Blanc explicó que este “no es un llamado a bajar el nivel” en términos de protección
sino a tener mayor agilidad y coherencia en la evaluación ambiental de estas obras. A
modo de ejemplo señaló que, actualmente, un proyecto lineal como una línea de
transmisión eléctrica requiere más de 300 permisos sectoriales distintos, entre otras
dificultades. Por ello, hizo un llamado a aprovechar los actuales proyectos de Ley en el
Congreso para trabajar en conjunto, empresas y autoridades, con el objetivo de agilizar
esta infraestructura tan necesaria y urgente para Chile. “Acá lo que está en juego es el
bienestar del país”, subrayó.
Por su parte, Ricardo Díaz, de CONAF, destacó la importancia de la coordinación entre
empresas y sector público: “cada vez que presentan proyectos que son estratégicos o de
interés nacional es necesario tener una retroalimentación con los ministerios que están a
cargo de estas iniciativas. Comenzar en etapas tempranas a conversar, a analizar, cuáles
serán los emplazamientos, los recursos que serán afectados. Abordarlo en forma
anticipada es una gran ventaja”.
A su turno, la consultora Marcela Klein, puntualizó que existe una paradoja porque las
obras de interés nacional “son muy queridas por la población, por el Estado, por el
gobierno de turno, pero a la vez son muy complejas de evaluar. Por ejemplo, la
participación ciudadana que se usa para un proyecto inmobiliario es la misma para una
planta de residuos o para una línea de transmisión, pero ésta tiene sus propias
particularidades. Evidentemente hay que establecer una regulación especial para este tipo
de proyectos”.
En tanto, Paulina Riquelme, abogada especialista en temas medioambientales, manifestó
sus reparos al proyecto de “Evaluación 2.0”, advirtió que no logra despolitizar el proceso y
planteó que se necesitan cambios un poco más radicales. Además, la profesional enfatizó
que “hay temas que se resuelven no solo con ley, sino con gestión” y agregó que “una
priorización adecuada sería la creación, en el Servicio de Evaluación Ambiental, de una
oficina para poder guiar y acompañar la evaluación de proyectos de interés estratégico,
como los proyectos de transmisión, por su complejidad”.
Robert Currie, director de Estrategia Ambiental en Azerta, enfatizó que el proyecto de Ley
“comenzó con más dudas que certezas” aunque durante el debate parlamentario se han
incorporado indicaciones que han permitido ajustes en algunos aspectos. Tal es el caso,
dijo, de los “proyectos urgentes” herramienta que existe actualmente y permite reducir
en un 50% su tramitación, pero que es muy específico, y que con esta iniciativa podrían
ampliarse. “Se busca poner como proyectos urgentes los de infraestructura crítica o
relevante para el país, una suerte de obra de interés nacional. Así que hay un ánimo de los
parlamentarios de avanzar en estos proyectos estratégicos”.
Currie agregó que las ambiciosas metas de descarbonización del país implican el
desarrollo de condiciones habilitantes como la aprobación de proyectos de transmisión
que permitan conectar y transportar la energía renovable que se está generando en el
país.
Las intervenciones completas de los participantes y más detalles de las discusiones
planteadas en el conversatorio estarán pronto disponibles en el canal de la compañía en
Youtube.
