En el marco del conversatorio “Invasión de franjas de servidumbre y seguridad”, representantes de distintos sectores coincidieron en que es necesaria una mayor coordinación para enfrentar el creciente problema de campamentos instalados en sus cercanías, que afectan tanto a la integridad de sus habitantes como el suministro eléctrico.
Según cifras del último Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de TECHO Chile, actualmente cerca de 114 mil familias habitan en 1.290 asentamientos informales en el país, lo que significa un aumento del 33,1% en los últimos dos años. Muchas veces estas personas han ocupado terrenos asociados a diversos riesgos -como incendios, aluviones y deslizamiento de terreno-, pero aquellos campamentos que están cercanos al área de seguridad de torres y líneas eléctricas de media y/o alta tensión -llamada “franja de servidumbre”- tienen, además, riesgos de electrocución para sus moradores más cercanos a las líneas.
Este fue el tema principal del conversatorio “Invasión de franjas de servidumbre y seguridad”, organizado por Transelec, donde expertos de distintas organizaciones, públicas y privadas, expusieron su punto de vista sobre este problema. Arturo Le Blanc, gerente general de la compañía, inauguró el encuentro y señaló que este tema “tiene que ver con la dignidad de las personas, pero también con su seguridad” y que si bien es necesaria una respuesta de las empresas, el Estado también tiene un rol fundamental.
El fiscal de Transelec, Eduardo Tagle, sostuvo que, de acuerdo con la información recabada por la empresa gracias a imágenes satelitales, existen cerca de 2 mil 400 construcciones dentro de las fajas de seguridad de la transmisora y, de ellas, un 14% se encuentra directamente debajo de los conductores de las líneas. Aunque mencionó las herramientas legales con las que cuentan las compañías eléctricas, el abogado recalcó que “tenemos que generar conciencia. Necesitamos mucha participación público-privada, cooperación de distintas instituciones, de la autoridad, porque es una responsabilidad que
excede de nosotros”.
En la mesa de conversación, Gabriel Huerta, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, junto con agradecer el haber incorporado a la institución en este diálogo, enfatizó la importancia de la gestión de riesgo y destacó la necesidad del oportuno relacionamiento comunitario: “Nosotros nos damos cuenta cuándo las comunidades están organizadas. Nos abren el paso, nos coordinamos, sabemos cuánta gente hay (…) Ese trabajo es clave para la prevención y también para una respuesta a la emergencia”.
En este sentido coincidió Daniela Videla, especialista de comunidades y participación ciudadana de la consultora Nysa, quien dio cuenta de la experiencia en Antofagasta, donde actualmente se está realizando, en zonas habitadas, la mantención de la línea de transmisión Atacama-Esmeralda de Transelec, que abastece de electricidad a un 70% de la ciudad. “La comunicación, el diálogo con la comunidad, es gravitante para lo que estamos haciendo”, sostuvo.
En tanto, Miguel Ortiz, subdirector de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recalcó que lo importante es “cómo la alianza público- privada puede generar una instancia hacia el bienestar de las personas” y agregó que, si bien “el país ha respondido bastante bien a las emergencias, tenemos que enfocarnos en el ámbito de la prevención. Establezcamos estas conversaciones y avancemos en esa línea”, agregó.
Jorge Vargas, vicepresidente de Operaciones de Transelec, advirtió que “el primer riesgo y el más evidente es para las personas que viven debajo de las instalaciones, de electrocución, de incendio. No es necesario tocarlas para electrocutarse, acercarse ya es peligroso. El segundo riesgo que intentamos transmitir, y que está a otro nivel, es la seguridad de la red eléctrica”.
El ejecutivo agregó que “el primer paso es instalar el tema, el segundo es entender que es un problema multidimensional -no solo técnico y eléctrico, sino también institucional, comunitario y medioambiental- y entender la importancia de trabajar en la prevención, donde el rol del Estado es preponderante”.
José Miguel Hernández, abogado del Grupo Evans, criticó que este problema tiene su raíz en que en Chile ha habido “una permanente falta de Estado” y que “muchas veces detrás de estos asentamientos hay mafias que se dedican a la venta de terrenos, y existe gente que los compra y se instala en ellos. Entonces, ¿cómo entramos ahí?”
Sin embargo, el profesional destacó como positivo un fallo de la Corte Suprema en septiembre respecto de una línea de transmisión en Pozo Almonte donde el Tribunal reconoce el problema como un asunto social delicado que pone en riesgo la vida de las personas, ordena un desalojo en seis meses y le encarga a los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social e Interior hacerse cargo de la reubicación de la gente que habita ese lugar.
El conversatorio completo estará próximamente disponible en nuestro canal de YouTube.
